El informe Olivenza 2014 ofrece una medición “estable y sistemática” de los niveles de inclusión social de las personas con discapacidad en comparación con la población general. El documento realiza una división en tres ejes de los problemas de inclusión social de las personas con discapacidad: la inclusión económica, los derechos de las personas con discapacidad y la integración social de este colectivo en la sociedad.

 

El peor eje de inclusión o el mayor problema para las personas con discapacidad es la inclusión social, según uno de los autores de este informe. “Esto tiene que ver en parte con el interés que ha mostrado la sociedad a lo largo del tiempo con un “tipo” de integración y no tanto con otros. Sin desdeñar ningún área, en el futuro habrá que trabajar mucho más para propiciar que las personas con discapacidad puedan tener redes de relaciones sociales más ricas (amistades, relaciones afectivas, relaciones familiares más amplias), así como más participación social en actividades recreativas. Más presencia en definitiva, acabar con la invisibilización”, afirma Huete.

 

El informe Olivenza destaca la escasez de relaciones sociales y oportunidades para la participación de las personas con discapacidad en, por ejemplo, actividades de ocio. Y concluye con datos claros y contundentes, que el 21,5% de la población con discapacidad reconoce que tiene muy pocos o ningún amigo y son mayoría (91%) los que encuentran dificultades por motivo de su discapacidad para realizar actividades culturales, deportivas o recreativas.

 

 

La educación, la salud o la vivienda son algunos de esos derechos que todos tenemos reconocidos y no todos disfrutamos. En el caso de la discapacidad, la educación juega un papel importante. En realidad, en cualquier caso, en cualquier persona, la educación es la base de todo. “La escuela tiene una capacidad muy grande para generar igualdad de oportunidades, pero también para reproducir y perpetuar lo peor de nuestra sociedad”, asegura con cierto escepticismo Huete, que añade además: “, y eso lo comprueban los niños y niñas con discapacidad, y sus familias, a diario”.

 

Según Olivenza, en lo relativo al segundo eje, los derechos de las personas con discapacidad, y en concreto, a la educación, las diferencias en el acceso a la educación superior continúan siendo muy acusadas: casi un 21% de la población sin discapacidad tiene estudios superiores, frente  a un 6,7% de la población con discapacidad. 

 

Para Agustín Huete, estos datos requieren la máxima atención: “Tenemos una zona oscura, poco atendida, en la etapa secundaria. Ahí es donde muchas personas con discapacidad encuentran obstáculos para la inclusión educativa que cortan el acceso a la Universidad, aun cuando podrían tener éxito en los estudios superiores. Nuestra sociedad sigue presentando resortes discriminatorios en el sistema de enseñanza que no se justifican por las dificultades de aprendizaje, sino por unos sistemas que se organizan en función de su propia comodidad, sacrificando si hace falta las posibilidades de progreso de las personas con discapacidad”. Y lo denuncia como un caso claro y grave de discriminación, afirmando: “Es preciso convencer y convencerse de que la exclusión de las personas con discapacidad de la educación no es una cuestión técnica, sino de discriminación, como lo fue en otro tiempo la exclusión de las mujeres, las minorías, o los hijos de las familias de clase baja. Nadie hoy entendería que alguien defendiera la educación separada de minorías étnicas, religiosas o la separación por sexo. Tampoco debería admitirse para las personas con discapacidad, en ningún ámbito”.

 

Sin dejar de lado su importancia y el peso decisivo en la inclusión general de las personas con discapacidad, este eje económico sería el que se encuentra en la mejor situación, siendo en realidad una mala situación, como afirmaba Huete.

 

Así, según Olivenza, en lo relativo a este primer eje, la desventaja de la población con discapacidad se cuantifica en casi un 33% respecto a la población general. Esto se justifica por la “enorme” diferencia en cuanto a tasa de actividad laboral por un lado, y por una distancia también relevante en los niveles de pobreza.

 

Respecto a la población en situación laboral activa, el análisis de la ganancia bruta (salario) indica diferencias relevantes cercanas a los 2.500 euros anuales entre personas con y sin discapacidad, con diferencias muy acusadas en función de sexo y edad.

 

Y en cuanto a la pobreza, los datos muestran que el 32% de la población con discapacidad sufre riesgo de pobreza, casi 5 puntos por encima de la población general. Además, el documento señala que la pobreza severa afecta a un 14,7% de la población con discapacidad, frente a un 9,6% en la población sin discapacidad.

 

En definitiva, la situación de inclusión de la discapacidad es precaria, a pesar de los avances, pero así lo sienten las propias personas con discapacidad. Sin embargo, no todo es negativo, como señala Agustín Huete: “El informe evidencia muchos espacios en los que la situación de las personas con discapacidad en España es desventajosa, pero eso no quiere decir que se produzca en todas las áreas. Además, esas desventajas, aunque evidentes, se comprimen con el paso del tiempo en algunas áreas, por ejemplo en la educación, aunque queda mucho por hacer para considerar la situación como correcta”.

 

Sí señala este sociólogo como obstáculo para su trabajo y como barrera para la inclusión la falta de datos sobre discapacidad: “Lamentablemente, las fuentes disponibles de datos estadísticos sobre discapacidad en España no son por lo general estables, ni se repiten a lo largo del tiempo con criterios que permitan la comparabilidad”, aunque hay algunas excepciones, como indica él mismo, hay lugar a la esperanza: “la fundamental, referida al empleo, en la que sí podemos considerar cambios desde 2010 hacia adelante. Esto nos permite ya comprobar cómo ha evolucionado la posición de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo en los últimos años, y lo que es más importante, nos permitirá seguir comprobándolo en el futuro”.

 

Para terminar, Huete expone la necesidad de ofrecer una visión completa de la discapacidad y llama la atención sobre la exclusión de la mujer: “para explicar la exclusión de la discapacidad hay que ir a una visión más compleja y completa, que mezcle diferentes ámbitos en los que convive o no la persona (público/privado), con cuestiones transversales, fundamentalmente el género. La exclusión de las mujeres con discapacidad es especialmente alarmante”.

 

Informe Olivenza